“Un basurero en Guinea”. Capítulo 64 de Guinea Ecuatorial, la ocasión perdida. Juan María Calvo.

Capítulo 64. UN BASURERO EN GUINEA.

Todavía no se había olvidado el escándalo de la presencia de los sudafricanos en Guinea cuando se planteó la existencia de un vertedero de residuos tóxicos y radiactivos en la isla de Annobón, coincidiendo con una amplia polémica en diversos países del Tercer Mundo, especialmente africanos, sobre la utilización de sus territorios para el almacenamiento de la basura peligrosa de los países industrializados.

La cumbre de la OUA, celebrada en Adis Abeba a finales de mayo de 1988, aprobó una resolución en la que se decía que los países africanos debían “rechazar la firma de acuerdos sobre vertidos nucleares”, sin mencionar los vertidos industriales, ni siquiera los tóxicos, por la presión que ejercieron algunas delegaciones implicadas ya en negocios de este tipo. La impagable deuda externa y la crisis económica, en algunos casos, y la ambición de muchos dirigentes, en otros, les llevaron a suscribir sustanciosos contratos para recibir en sus territorios los residuos industriales que los países desarrollados no encuentran donde ubicar.

Los jefes de Estado africanos tuvieron que aceptar que, el mismo día en que se aprobaba esta resolución, una empresa holandesa anunciara que había acordado con el Congo el vertido de un millón de toneladas de residuos químicos, y se sabía además que países como Guinea Bissau, Guinea Conakry y Benin -se hablaba de una decena- habían llegado a acuerdos semejantes, pese a que la OUA dictaminó que “el vertido de todo tipo de residuos supone un crimen contra África”. Nigeria lideraba el grupo de países más críticos, aunque se había descubierto que un consorcio italo-nigeriano había logrado almacenar 2.00O toneladas de desechos tóxicos en el puerto de Koko, descargados como si fuera una mercancía normal.

Un par de semanas después se supo que el Gobierno de Teodoro Obiang había firmado un contrato por el que se permitía la utilización de la isla de Annobón, situada a unos 700 kilómetros al suroeste de Bioco, como almacén de residuos tóxicos. Guinea Ecuatorial o su presidente, había recibido por esta operación 1,6 millones de dólares, cantidad similar a la deuda externa del país. La noticia, divulgada en Londres                     por el boletín especializado en temas políticos y económicos africanos Africa Analysis, fue confirmada a EFE en Malabo de fuentes que no se atrevieron a revelar su identidad. El contrato estipulaba que dos empresas británicas de transporte de residuos industriales y nucleares dejarían en Annobón medio centenar de sustancias altamente tóxicas, encerradas en dos millones de barriles, que se depositarían en un gran hoyo excavado en una superficie de doscientas hectáreas.

La organización ecologista Greenpeace había denunciado las “proporciones alarmantes” que había adquirido el tráfico internacional de desechos industriales, debido fundamentalmente al alto coste que suponía almacenarlos o destruirlos en los países desarrollados. Algunos barcos navegaban ese verano por los mares intentando depositar su carga en algún puerta. Lo grave es que alguno había desaparecido y se sospechaba que podría haber optado por arrojar su peligrosa carga a las aguas.

En ciertos países africanos habían surgido escándalos por la firma de este tipo de contratos. Un grupo de altos funcionarios de la Aduana y Policía de Guinea Conakry habían sido detenidos, involucrados en la concesión de permisos para que fueran depositados residuos en la antigua colonia francesa. Según informó el Gobierno de Conakry, el cerebro de la operación, el director de Comercio Exterior, Mamadu Dialo, había huido, tras permitir que barcos procedentes de diversos países depositaran unas cinco mil toneladas de residuos en la turística isla de Kasa, situada a unos 20 kilómetros de la capital.

En el caso de Conakry, igual que después en otro similar en Congo, el Gobierno puso el grito en el cielo cuando las operaciones trascendieron, pero es difícil pensar que pueden ser descargadas cinco mil toneladas de cualquier cosa sin conocimiento de las autoridades y sólo debido a la corrupción de un puñado de funcionarios.

El ministro de Información, Turismo y Cultura de Guinea Ecuatorial, Lenadro Mbomio, salió al paso de las críticas que aparecían en los medios de comunicación y declaró que su Gobierno, “consciente de la gravedad que supone el almacenamiento de residuos tóxicas no ha permitido, ni autorizado, ningún tipo de actividad que vaya contra la vida humana”. Mbomio aseguraba que eran falsas las informaciones aparecidas y que no sólo no se habían autorizado esas actividades, sino que incluso se habían establecido “nuevas normas y medidas para garantizar la salud de la población ecuatoguineana”. Según el Gobierno de Malabo, todo se debía a una “campaña de intoxicación que determinados medios de información extranjeros lanzan injustamente contra Guinea Ecuatorial”.

Este hecho sirvió para que la aposición al régimen de Obiang lanzara una nueva campaña de críticas. Una ves más se vio la mano de Cruz Melchor Eyá Nchama, dirigente de la Alianza Nacional de Restauración Democrática (ANRD), cuando el Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre las Razas y los Pueblos (MIUFRP), una ONG acreditada ante la ONU, presentó una protesta ante la Comisión de Derechos Humanos, el 17 de agosto en Ginebra, por la firma del Gobierno guineano con la empresa británica Emvatrex, de Buckinghamshire, para depositar anualmente un millón de barriles con desechos tóxicos en Annobón, durante diez años. La MIUFRP pedía también la preparación de un convenio mundial para el tráfico y depósito internacional de residuos tóxicos y peligrosos, prohibiendo su instalación en países del Tercer Mundo por la falta de garantías de buen mantenimiento.

El Partido del Progreso denunció también la existencia de contratos entre empresas británicas y estadounidenses con el Gobierno de Malabo y declaró a Obiang “enemigo público de la humanidad” por su intento de convertir a Guinea Ecuatorial en vertedero mundial de residuos radiactivos. Según este partido, buena parte de ese dinero iría a parar a las cuentas privadas de Obiang en Suiza. Severo Moto afirmó que el 2 de noviembre de 1987, el embajador de Guinea Ecuatorial en la ONU, Florencio Mayé Elá, en nombre del presidente Obiang Nguema, informó a The Bergen County Utilities Authority (BCUA), de Estados Unidos, del acuerdo al que habían llegado las empresas Axim Consortium Group, registrada en Malabo, y la Miele Sanitation Co., registrada en los EEUU, para depositar en Guinea 720.000 toneladas de residuos durante 10 años, par los que las autoridades guineanas podrían recibir unos 70.000 millones de pesetas. Moto aseguró que la Axim, con sede en Nueva York, entregaría a Obiang 60 dólares por tonelada y que el primer vertido se realizó en junio de 1988.

Uno de los motivos de la suspensión de la escala de Obiang en Madrid, tras su viaje a París realizado en septiembre de 1988, fue el ambiente hostil que los guineanos apreciaban en España. En los medios de comunicación aparecían informaciones sobre las condenas a muerte de los opositores y sobre la “invitación” a que abandonara España el secretario de la Embajada en Madrid por el asunta de la maleta llena de dragas. Además, Ana Camacho y Tasio Camiñas publicaron en El País un documentada informe sobre el asunto de las residuos nucleares en África y especialmente en Guinea. Al parecer, Obiang había iniciado una campaña de hostigamiento contra los pacíficos annoboneses, que jamás ocultaron su deseo de seguir perteneciendo a España, enviándoles a la isla a 12 presos comunes famosos par sus atrocidades, que se dedicaran a robar las cosechas y abusar de las gentes, para “preparar el terreno” como trabajadores forzados y que cavaran un gran agujero.

En el trabajo de El País se mencionaban a una serie de empresas dedicadas a transportar los residuos hasta países del Tercer Mundo. Mientras un proceso de incineración o un tratamiento físico-químico de residuos peligrosos cuesta entre 160 y 1.000 dólares por tonelada -y puede alcanzar las 3.000 dólares la tonelada cuando se trata de sustancias altamente venenosas- con la fórmula de enterrarlas o abandonarlas en una isla perdida el coste baja a una media entre 25 y 40 dólares, lo necesario para pagar las fletes y engrosar las cuentas de funcionarios o jefes de Estada corruptos o sin escrúpulos. Camacho y Camiñas citaban un informe de Greenpeace que aseguraba que entre 1985 y 1988 se habían realizado al menas 62 transportes por barco de residuos tóxicos hacia África, Latinoamérica y el Caribe.

Desde hace tiempo este asunto se ha planteado con periodicidad, pero las autoridades de los países industrializados se                     tapan los ojos o actúan con cinismo condenando el comercio ilegal de residuos, sin hacer nada efectivo para impedirlo. Los ministros de Medio Ambiente de la CEE discutieron, en junio de 1988, un proyecto del holandés Ed Nijpels para prohibir las basura peligrosa, pero el representante británico, Colin Moynihan, acusó a su colega de presentar propuestas neocolonialistas y el resta le apoyó con lo que la cuestión quedó en el aire. En otra reunión, a finales de noviembre de 1988, las ministros decidieron apoyar el establecimiento urgente de un sistema internacional de control del tráfico de residuos peligrosos hacia terceras países, pero Holanda tampoco logró el embargo de este tipo de exportaciones.

Las                     autoridades guineanas siempre han negado la                     existencia de ningún acuerdo para aceptar basura tóxica. El ministro de Industria, Pascual Obama, comentó a los periodistas españoles que acompañaban a la delegación de parlamentarios que visitaron Guinea a finales de septiembre que las informaciones que se habían publicado eran falsas. Pero lo curioso es que el guineano mostró a los periodistas la prueba de que algo había, cuando explicó que una propuesta de las empresas Asim Consortium, realizada en Malabo “hace algunos meses” y otro proyecto presentado el 20 de agosto para realizar descargas en Annobón fueron rechazadas por su Ministerio en una carta escrita con fecha del 14 de septiembre, cuando el escándalo era ya notable. Alfonso Rojo, enviado especial de Diario-16 relataba que las autoridades guineanas aseguraban que habían suspendido el proyecto, que estaban realizando estudios y que todo aquello quedaría paralizado “hasta que no se obtenga total información”.

“Dada la inseguridad existente, producto de la falta de entendimiento mutuo, hemos decidida suspender este proyecto y todas nuestras relaciones hasta que podamos realizar nosotros mismos un estudio de los riesgos… que implica el tráfico internacional de residuos”, decía la carta del Gobierno guineano publicada en un inventario de Greenpeace sobre el comercio internacional de residuos tóxicos elaborado por el grupo de trabaja de expertos legales y técnicos que preparaban una propuesta de control internacional del movimiento de residuos peligrosos, presentado en Bruselas el 16 de noviembre de 1988. En este documento, que analizaba el caso de 97 países, se decía que la situación en Guinea Ecuatorial sobre este asunto “no está clara”.

http://www.asodegue.org/hdojmc64.htm