Prensa angoleña se une a las denuncias contra la dictadura guineoecuatoriana: “Naciones Unidas condena la “corrupción generalizada” en Guinea Ecuatorial”. Jornal de Angola

13 de agosto de 2019
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH) ha expresado una vez más su preocupación por la supuesta persistencia de la “corrupción generalizada” en Guinea Ecuatorial, recomendando que se intensifiquen los esfuerzos para combatir fenómenos como el blanqueo de dinero.

Según la agencia Reuters, este comité tomó nota de la adopción de medidas anticorrupción, incluida la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el tema, el establecimiento del Tribunal de Cuentas y el Comité Nacional para la Coordinación de las Políticas de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo por parte de Guinea Ecuatorial, pero expresó su preocupación por los informes de que “la corrupción en el Estado sigue siendo generalizada, en particular entre los altos funcionarios del gobierno” y de que “las medidas preventivas son insuficientes”.

En este nuevo informe, los dirigentes del Comité de las Naciones Unidas han destacado que Guinea Ecuatorial no había proporcionado información concreta sobre la posible celebración de juicios y condenas por actos de corrupción.

La posición del Comité se expone en las observaciones finales del primer examen adicional de los progresos realizados en Guinea Ecuatorial en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que el país se adhirió en septiembre de 1987, pero sobre el que nunca ha presentado un informe informativo a las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo.
El examen adicional de Guinea Ecuatorial, que tiene lugar por primera vez 32 años después de la adhesión al Pacto, a falta de un informe elaborado por el propio país, se ha basado en una serie de respuestas a las preguntas enviadas por las Naciones Unidas y en las aclaraciones proporcionadas posteriormente en Ginebra por una delegación de ese país.

“El Comité ha tomado nota de la información proporcionada por la delegación de Guinea Ecuatorial de que una parte de los beneficios de las industrias extractivas se invierten en áreas sociales, pero le preocupan las alegaciones de falta de participación de la sociedad civil y de transparencia en la gestión de los recursos naturales”, afirma la evaluación.

Los expertos de la ONU también expresaron dudas sobre la definición de terrorismo en la legislación nacional, considerando que podría aplicarse “por su caracter impreciso y ambiguo” a un grupo de personas, incluyendo a la sociedad civil y a los miembros de partidos políticos, así como a actividades pacíficas llevadas a cabo en el marco del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de asociación o de reunión.

El Comité también expresó su preocupación por las “severas restricciones” a la libertad de expresión, el ejercicio del control sobre los medios de comunicación por parte de partidos políticos cercanos al gobierno del Presidente Teodoro Obiang Nguema, el acoso y la persecución de periodistas, la confiscación y el bloqueo de publicaciones y redes sociales opositoras.

En la misma línea, la ONU señala límitaciones a la libertad de reunión y manifestación pacífica, de asociación y de participación en los asuntos políticos. A pesar de la información proporcionada por el país, el Comité sigue preocupado por las acusaciones de acoso, intimidación, ostigamiento y detención de candidatos políticos de la oposición”, añade la ONU, y toma nota también de las acusaciones de “limitación del pluralismo político” por parte del gobierno.

 
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) reforzó la alerta sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país, como la tortura de opositores, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. El pasado mes de abril, el Jefe de Estado anunció su intención de presentar al Parlamento una ley que ponga fin a la pena de muerte en Guinea Ecuatorial, donde nueve hombres fueron ejecutados por asesinato en enero de 2014, 13 días antes del establecimiento de una moratoria provisional sobre la pena de muerte.

Según la AI, desde que Teodoro Obiang Nguema llegó al poder ha habido una “preocupante disminución” de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, debido a la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y el acoso a activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas. Violaciones que “han sido bien documentadas por Amnistía Internacional a lo largo de los años”, subraya la organización en un comunicado de prensa.

La organización no gubernamental de derechos humanos señala que “la policía sigue torturando regularmente a los detenidos para que se confiesen”, a pesar de una ley en vigor desde noviembre de 2006 que prohíbe la tortura.

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