La violación de los derechos constitucionales del Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia en las diligencias policiales seguidas contra él. Juan Carlos Ondó Angué. Radio Macuto


AL EXCMO. SR. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

AL COMITÉ DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

A LA EMBAJADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

AL EMBAJADOR DE ALEMANIA, REPRESENTANTE DE LA UNION EUROPEA

AL EMBAJADOR DE PORTUGAL, REPRESENTANTE DE LA CPLP

AL EMBAJADOR DE ESPAÑA

AL EMBAJADOR DE FRANCIA

En relación a las graves declaraciones hechas públicas ayer en los medios informativos oficiales, y en defensa de mi honor y dignidad, me cabe someter a la consideración de la opinión pública nacional e internacional, las siguientes puntualizaciones.

Desde que se iniciaran en diciembre de 2017 las diligencias sumariales por los presuntos delitos de traición contra el Jefe del Estado, rebelión, tenencia y depósito de armas y municiones, y terrorismo, contra varios ciudadanos nacionales y extranjeros, no se ha evocado, ni obra testimonio, indicio o prueba alguna que hubiese permitido relacionarme con la referida trama, ni con ninguno de los imputados en la derivada causa. Así se atesta mediante las diligencias de interrogatorio conducidas durante el correspondiente juicio público celebrado en la ciudad de Bata desde el 22 de marzo del 2019, ante numerosos observadores internacionales, y así se recoge en la sentencia recaída al efecto en fecha 31 de mayo de 2019.

En su virtud y conforme consta notoriamente, mi relación con dos de los imputados, Rubén Clemente Nguema Engonga y Martin Obiang Ondo, se circunscribió siempre en el estricto ámbito oficial, en mi calidad entonces de presidente de la corte suprema de justicia, al tiempo que los precitados ostentaban respectivamente los cargos de presidente de la audiencia provincial del Litoral y de magistrado de la Audiencia Provincial de Bioko Norte. Dicha relación nunca se extralimitó al ámbito personal, ni mucho menos al de las actividades políticas que presuntamente hubieran realizado desde la clandestinidad, conforme se infiere de las referidas diligencias de interrogatorio y se consigna en la también citada sentencia de autos.

Sin perjuicio de lo anterior, es igualmente de notoriedad pública que desde que me incorporé en la función jurisdiccional como juez de primera instancia e instrucción de Malabo en 1997, hasta que fui relevado de la de presidente de la corte suprema de justicia en agosto de 2018, nunca he ejercido actividad política ni he militado en ningún partido político. Habiéndome abstenido voluntariamente, en estricta sujeción a mi deber de reserva y probidad, en tanto que juzgador, de ejercer mi derecho constitucional de afiliarme a uno de los partidos políticos legalizados en nuestro país. Por ende, consta debidamente que nunca he participado en ninguna reunión clandestina o secreta, de cualquier naturaleza que fuera.

En efecto, por convicción moral e intelectual, he profesado siempre y reafirmo mi lealtad al vigente orden institucional y al sistema normativo de mi país. De contrario, aborrezco y condeno vigorosamente cualquier pretensión, proyecto, o iniciativa tendente a dirimir diferencias ideológicas o políticas mediante acciones violentas como las urdidas por los autores de la reseñada trama al objeto de sembrar la desolación en nuestro país. Por tal razón, me resulta particularmente execrable la intención de asociarme a la misma, sobre la base de testimonios prestados extra judicialmente, cuyo tenor no me ha sido revelado al objeto de rebatirlos, y cuya validez probatoria no se ajusta a las exigencias marcadas por el vigente ordenamiento constitucional.

Toda vez que, y contrariamente a las anteriores afirmaciones sostenidas ante los medios de comunicación social, no me ha sido notificado, ni durante la instrucción del referido sumario, ni tras dictarse la correspondiente sentencia, ningún acto formal de acusación, ni requerimiento judicial alguno, al objeto de ejercer los derechos constitucionales que amparan a todo ciudadano en el proceso acusatorio. Si bien, participando de la deliberada voluntad de prejuzgamiento y de desacreditación social, el Ministro de Justicia, Salvador ONDO NCUM, afirmó en fecha 11 de julio de 2019, en el marco del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos del Comité de las Naciones Unidas que fui “separado del cargo de presidente de la corte suprema de justicia ante las fundadas sospechas de graves irregularidades en el ejercicio de mis funciones, y que a día de hoy todavía se seguían estudiando los pormenores de las sospechas que pesan sobre mí, por si debieran dar lugar a la apertura de procesos judiciales”. Lo cual contrasta con el tenor del decreto presidencial número 136/2018, de fecha 23 de agosto, por el que se acuerda mi cese “por conveniencia de mejor servicio y por haberlo acordado mediante acuerdo el Consejo Superior del Poder Judicial, agradeciéndome los servicios prestados”.

Desde la referida declaración del ministro de justicia, constitutiva, conforme expongo, del incuestionable ánimo de prejuzgamiento y de estigmatización, reitero que no me ha sido notificado ningún acto formal de acusación, si bien he residido ininterrumpidamente en Malabo con mi familia hasta la fecha de hoy. A tal efecto, me cabe informar a la opinión pública nacional e internacional, a tenor del comunicado difundido por la agencia EFE, que un grupo de personas se presentó en mi domicilio en la noche del día 11 de los corrientes, alegando ser militares y ejecutar una supuesta orden del ministro de seguridad en el sentido de proceder a mi inmediata detención, en claro menoscabo de mis precitados derechos constitucionales, y del privilegio de fuero que me corresponde al amparo de la Ley número 2/1996 de fecha 3 de enero, por la que se regula el estatuto de las Personalidades del Estado y Dignatarios después de sus funciones. Afortunadamente y merced a la intervención de representantes de países amigos, se acordó el levantamiento del cerco militar tendido alrededor de mi domicilio.                   

Lo relatado anteriormente justifica mi aprensión acerca de la licitud y de la finalidad de las diligencias que presuntamente se instruyen contra mi persona ante el ministerio de seguridad. En su virtud, requiero se acuerde la notificación de las mismas y del acto formal de acusación al Letrado Don Ponciano MBOMIO NVO, quien ostentara en la sucesivo mi representación jurídico procesal, al objeto del ejercicio de mi derecho constitucional a la presunción de inocencia y a un proceso justo con las debidas garantías.

Asimismo, y ante las reseñadas arbitrariedades, solicito desde ahora al Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas la designación de una comisión de observadores al objeto de supervisión de todas las diligencias que vayan a instruirse en lo sucesivo contra mi persona. Al tiempo que solicito la mediación y el amparo de la Unión Europea y de las legaciones diplomáticas europeas y de los Estados Unidos de América acreditadas en nuestro país, a las que deberá darse vista de las referidas actuaciones. 

Finalmente y siempre en aras de la observancia de mis derechos constitucionales, requiero se restablezca mi derecho a la libre circulación y residencia, del artículo 13 punto 1 inciso d de la Ley Fundamental, al ser impedido desde el mes pasado de viajar al extranjero, en cumplimiento de una orden del ministerio de la seguridad nacional cuyo tenor no me ha sido revelado.   

Es de justicia que insto en Malabo a trece días de febrero del año dos mil veinte.

Fdo. Juan Carlos ONDO ANGUE

https://www.radiomacuto.cl/2020/02/13/la-violacion-de-los-derechos-constitucionales-del-ex-pcsj-en-las-presuntas-diligencias-policiales-seguidas-contra-el/