Guinea Ecuatorial: Un juicio lleno de irregularidades de una presunta conspiración golpista termina con una sentencia absurda. EGJustice

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(Washington, DC 5 de junio de 2019) El procesamiento en Guinea Ecuatorial de docenas de detenidos acusados de financiar el terrorismo y conspirar para asesinar al Presidente Obiang se ha caracterizado por graves violaciones de las garantías procesales, que han terminado con condenas que van desde los 3 años hasta los 90 años.

En diciembre de 2017, las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial detuvieron y acusaron a más de 80 hombres de organizar ataques contra el Jefe de Estado. Las autoridades alegaron que los sospechosos, en su mayoría ecuatoguineanos, junto con algunos inmigrantes del Chad y el Camerún, habían adquiriendo y transportando armas y municiones con el fin de cometer actos terroristas en Guinea Ecuatorial. La mayoría de los sospechosos fueron torturados severa y repetidamente en la prisión de Black Beach. Además, todos los sospechosos estuvieron detenidos en régimen de incomunicación, sin acceso a sus familiares ni a un abogado, desde el momento de su detención hasta finales de marzo, cuando comenzaron las sesiones del juicio.

“Guinea Ecuatorial debe dejar de torturar y mantener a los prisioneros incomunicados, sin acceso a sus abogados”, ha dicho Tutu Alicante, Director Ejecutivo de EG Justice. “El hecho de que los abogados no hayan podido reunirse con sus clientes, que han sido brutalmente torturados para que confesasen y admitieran su culpabilidad, hasta el día antes del juicio es una violación flagrante de las garantías procesales; del mismo modo, que a la defensa se le haya prohibido presentar testimonios sobre la tortura a sus clientes, a pesar de que la fiscalía se valió de las confesiones obtenidas bajo tortura para condenar a los culpables, es indignante y nos dice todo lo que necesitamos saber sobre Guinea Ecuatorial”.

La vista pública dió comienzo el 22 de marzo, ha llevado consigo el testimonio de docenas de sospechosos ecuatoguineanos, chadianos y cameruneses presentes en la sala, incluyendo a Fulgencio Obiang Esono y a Francisco Eko Micha, ambos secuestrados en Togo y entregados a Guinea Ecuatorial. Además, una docena de políticos ecuatoguineanos de la oposición con sede en España y en el Reino Unido fueron juzgados en ausencia. Muchos de los acusados fueron detenidos simplemente porque estaban relacionados con sospechosos que se encuentran en el exilio y, por lo tanto, fuera del alcance del gobierno de Guinea Ecuatorial. Los abogados defensores sólo tuvieron acceso a sus clientes y a las pruebas de la acusación del Estado contra ellos, un día antes del juicio. Una vez en la vista pública, el juez que presidía el juicio prohibió toda mención o presentación de pruebas sobre la tortura de los acusados. A pesar de los claros indicios de tortura, el juez presidente desestimó las solicitudes de presentación de testimonios sobre las penas crueles y degradantes sufridas en prisión.

El 22 de abril, el juez presidente suspendió injustificada y unilateralmente el juicio durante una semana. El Estado incluyó dos nuevos fiscales militares y otros dos magistrados militares, además de formular nuevos cargos contra algunos de los acusados. Esto contradice claramente la ley ecuatoguineana, que dice que “….cuando se acusa a militares y civiles de un delito, el tribunal encargado del proceso será civil”. Tras la inclusión de los fiscales y magistrados militares, el tribunal utilizó el código militar de manera indiscriminada y a su conveniencia para silenciar a las defensas y asegurar las condenas.

“Todo el juicio ha sido un abuso flagrante por parte de la acusación y una farsa para erosionar todavía más el derecho a un proceso justo”, ha añadido Tutu Alicante. “Las leyes estipulan que debe existir un tribunal previamente a que se cometan los delitos; pero en este caso, se ha creado un tribunal a medida y más adelante se le ha reforzado con fiscales y magistrados militares seleccionados por el Presidente Obiang para enviar un mensaje de advertencia a cualquiera que se atreva a cuestionar su autoridad”.

Guinea Ecuatorial debería desestimar la sentencia dictada el 31 de mayo de 2019, dada la sistemática violación cometida contra los principios básicos de cualquier proceso legal como son el uso de pruebas obtenidas mediante tortura para garantizar la condena, y el número enorme de irregularidades cometidas, lo que desacredita por completo el proceso.

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