Guinea Ecuatorial es todo lo que está mal en la política exterior de Estados Unidos. FP

Equatorial Guinean President Teodoro Obiang attends the plenary session of the Paris Peace Forum in Paris on Nov. 12, 2019. LUDOVIC MARIN/POOL/AFP VIA GETTY IMAGES

Washington no puede seguir dejándose engañar por los dictadores.

Por Jeffrey Smith y Tutu Alicante

A finales de septiembre, el dictador más longevo del mundo, Teodoro Obiang, de Guinea Ecuatorial, anunció que volvería a presentarse a las elecciones del 20 de noviembre. Con 80 años, Obiang es el segundo presidente más viejo de África, sólo por detrás de su autoritario vecino camerunés, Paul Biya, que llegó al poder tres años después del golpe de Estado de Obiang en 1979.

Desde el sorpresivo anuncio de Obiang -que adelantó un año las elecciones del país-, más de 100 personas, entre ellas abogados, jueces y activistas de la sociedad civil y de la oposición política, han sido detenidas arbitrariamente. Algunos críticos del régimen han sido torturados por miembros del aparato de seguridad de Obiang. Y esta misma semana, se informó de que al menos cinco miembros de la oposición fueron asesinados tras un asalto a la casa de un líder político disidente por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de sucesos demasiado frecuentes en Guinea Ecuatorial, de los que se habla en voz baja en el país y que apenas se registran a nivel internacional.

Convenientemente, pocos días antes de anunciar su séptima candidatura a la presidencia, Obiang firmó un nuevo código penal que pretende abolir la pena de muerte. Esto no fue un accidente. De hecho, es probable que haya sido un diseño, una medida sacada directamente del manual del dictador: Inundar la zona con noticias aparentemente «históricas y memorables», recoger los elogios mundiales y, a continuación, pasar rápidamente a consolidar el poder político aplastando todas las voces contrarias.

Este es un truco que Obiang ha jugado en múltiples ocasiones y que sigue funcionando con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Durante décadas, el régimen de Obiang ha prometido y luego no ha promulgado reformas sustanciales, optando en cambio por dar prioridad a las mejoras superficiales cuyo único impacto real son los titulares que se generan en los medios de comunicación occidentales.

Estados Unidos ha sido siempre uno de los más firmes apoyos diplomáticos y financieros de Obiang, a pesar de casi medio siglo de graves violaciones de los derechos humanos, de un régimen autocrático claramente opresivo y de la feroz represión de las libertades básicas que ha desestabilizado a una nación y despojado a su pueblo del libre albedrío. De hecho, la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial ha aumentado de hecho desde 2016 y de forma constante durante el gobierno de Biden, sumando casi mil millones de dólares en la actualidad. Hace un año, Obiang incluso recibió a una delegación estadounidense de alto nivel compuesta por altos funcionarios de la administración Biden. Obiang también ha sido un invitado habitual dentro de la Casa Blanca.

Estados Unidos, por supuesto, lleva mucho tiempo presumiendo de apoyar la democracia y a sus defensores más allá de las fronteras estadounidenses. En agosto, el presidente estadounidense Joe Biden identificó tres prioridades principales que guiarían su mandato: «la lucha contra la corrupción, la defensa contra el autoritarismo y la promoción de los derechos humanos».

En muchas naciones, incluida Guinea Ecuatorial, los ciudadanos son escépticos y están hastiados. Hay pocos países en los que la disparidad entre la retórica y la acción de Estados Unidos sea tan marcada. Y es precisamente este vacío en el que los tiranos como Obiang operan hábilmente, volviéndose más despiadados y envalentonados con el tiempo a medida que ese abismo se amplía inevitablemente.

Hay dos razones principales para esta brecha entre la retórica democrática y la política real en lo que respecta a Guinea Ecuatorial. La primera es simple: el petróleo y el acceso continuo de Estados Unidos a él.

Muchas de las mayores empresas energéticas del mundo -como ExxonMobil, Marathon Oil, Hess y Noble Energy- han invertido cientos de millones de dólares en el país, ayudando a construir una economía multimillonaria que depende totalmente de los petrodólares en manos de un régimen cleptocrático que saquea con impunidad mientras sus ciudadanos siguen estando entre los más pobres de África. Estas empresas han constituido la base de una política exterior estadounidense inextricablemente ligada a la llamada seguridad energética. Y, como uno de nosotros argumentó ya en 2017, cuando el exdirector general de ExxonMobil, Rex Tillerson, fue nombrado secretario de Estado de Estados Unidos, la seguridad energética ha superado con demasiada frecuencia los esfuerzos importantes para salvaguardar los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la corrupción.

La segunda razón es quizá menos obvia: el papel de China y su agresiva expansión militar y económica más allá de su tradicional esfera de influencia.

De hecho, empeorando una situación ya de por sí sombría en Guinea Ecuatorial, China ha identificado al país como una ubicación privilegiada para su primera base militar atlántica, lo que alarmó a los funcionarios estadounidenses y provocó la visita de alto nivel del gobierno el pasado octubre, cuyo punto central era discutir la «seguridad marítima». En relación con esto, Obiang firmó un pacto de infraestructuras de 2.000 millones de dólares con el Banco Industrial y Comercial de China. Y empresas chinas han firmado un contrato preliminar para construir la primera refinería de petróleo de Guinea Ecuatorial.

Este fortalecimiento de la posición económica, con la ayuda de una fuerte presencia militar, tendrá un impacto profundamente negativo en el ya grave estado de Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, los estudios han demostrado que cuando aumenta la ayuda china a un país africano, también aumenta la violencia estatal. Este panorama se complica aún más por el probable sucesor de Obiang como presidente, su hijo y vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, que es un ejemplo de corrupción y saqueo, por no hablar de un criminal trotamundos.

Estados Unidos, por supuesto, entiende la importancia de una posible base militar china en Guinea Ecuatorial, citándola como una amenaza para la seguridad nacional. Por ello, la Armada estadounidense -tanto en 2021 como en 2022- realizó visitas a la estratégica ciudad de Bata bajo el conveniente pretexto de «construir nuestra asociación». Estas visitas de alto nivel se produjeron después de un período de 12 años en el que la Armada realizó un total de cero visitas a cualquiera de las bases navales de Guinea Ecuatorial.

Aquí radica el problema: Aunque los objetivos declarados por el gobierno de Estados Unidos -incluidos en la Estrategia hacia el África Subsahariana recientemente presentada por Biden- son priorizar la democracia y los derechos humanos, los funcionarios estadounidenses sólo parecen actuar cuando su poderío económico o militar se ve amenazado. Esta preferencia reactiva y miope ha obstaculizado la política exterior de Estados Unidos durante décadas, especialmente en lo que respecta a África. Adoptando una postura más proactiva para hacer frente al autoritarismo -y a la corrupción y a los abusos de los derechos humanos que inevitablemente se derivan de él-, el gobierno de Estados Unidos puede trabajar para defender los ideales y lograr los resultados políticos que han sido claramente establecidos por la administración Biden, así como por las que le precedieron.

A nivel nacional, la promoción de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial se traduce en la condena enérgica de las graves violaciones que se producen en tiempo real, como hoy. Los asesinatos, así como los informes de tortura y las detenciones de activistas de la sociedad civil, miembros del grupo de la oposición Ciudadanos por la Innovación, abogados, fiscales y jueces deben ser condenados públicamente como un atentado escandaloso contra el Estado de Derecho. Y lo que es más importante, estas transgresiones del régimen de Obiang deberían ser suficientes para justificar la desinvitación del autócrata para asistir a la Cumbre de Líderes de Estados Unidos y África, que tendrá lugar en diciembre y de la que será anfitrión Biden. Las prohibiciones de viaje de Estados Unidos son, de hecho, obligatorias cuando el Departamento de Estado tiene información creíble sobre corrupción o abusos de los derechos humanos. Ambas categorías se aplican claramente a Obiang, como se desprende de los informes anuales del Departamento de Estado sobre prácticas de derechos humanos en los países.

El gobierno de Biden también podría crear un fondo para la reforma de la gobernanza, utilizando una parte significativa de los ingresos confiscados al Departamento de Justicia de Estados Unidos en un caso contra los activos del vicepresidente de Guinea Ecuatorial radicados en Estados Unidos. Esto permitiría al gobierno de Estados Unidos emprender acciones reales que apoyen su retórica, invirtiendo recursos de forma sustantiva para fomentar y apoyar la participación de la sociedad civil independiente en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el Estado de derecho.

Existen precedentes de que Estados Unidos utilice los ingresos recuperados de la corrupción -como en el caso de Nigeria este mismo año- para establecer fondos dedicados a mejorar la vida de los ciudadanos víctimas de la corrupción estatal. Al hacerlo, también se cumpliría el compromiso de larga data de Estados Unidos de utilizar los ingresos recuperados de la corrupción para beneficiar a las poblaciones perjudicadas, una parte clave de los principios adoptados en el Foro Mundial sobre la Recuperación de Activos, organizado por Estados Unidos en 2017. Pivotar estratégicamente de esta manera y hacerlo de forma coherente en el futuro reconstruirá la confianza popular en el gobierno estadounidense, tanto en Guinea Ecuatorial como en el resto del mundo, al inculcar la creencia de que sus ideales no son palabras vacías, sino objetivos concretos respaldados por la acción.

La verdadera amenaza para la seguridad nacional a largo plazo no es que China muestre sus músculos en países lejanos como Guinea Ecuatorial. Es el retroceso de Estados Unidos, que hace que la gente de todo el mundo -especialmente los que perseveran en la represión autoritaria- vea el liderazgo estadounidense como hipócrita, en el mejor de los casos, o como totalmente indigno de confianza, en el peor.

El retroceso democrático está aumentando en todo el mundo, una tendencia que ha sido evidente durante casi dos décadas, y ya es hora de que Estados Unidos esté a la altura de las circunstancias y cumpla sus promesas de proteger los derechos humanos y la democracia con acciones. En Guinea Ecuatorial, Estados Unidos puede y debe mantenerse firme en esos principios.


  • Jeffrey Smith es el director fundador de la organización sin ánimo de lucro pro-democracia Vanguard Africa. Twitter: @Smith_JeffreyT
  • Tutu Alicante es el director ejecutivo de EG Justice, una organización sin ánimo de lucro que promueve los derechos humanos y los valores democráticos en Guinea Ecuatorial.

Washington Keeps Falling for Equatorial Guinea’s Aging Dictator (foreignpolicy.com)