Guinea Ecuatorial en el Examen Periodico Universal de las Naciones Unidas. Articulo publicado en el número 83 de La Verdad. CPDS

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo único del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en funcionamiento desde 2005, cuyo objetivo es mejorar la situación de derechos humanos en cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU. Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los Países miembros de ONU es revisada cada 5 años.

  El resultado de cada revisión es reflejado en un «informe final» que lista las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la siguiente revisión. El proceso comprende 3 etapas claves:

El examen de la situación de derechos humanos del Estado de turno

La implementación entre dos revisiones (5 años) por el Estado examinado de la recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos;

Informe en la siguiente revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.

  En el caso concreto de Guinea Ecuatorial, antes de la instauración del EPU, las Naciones Unidas tenían bajo seguimiento continuo, desde 1979, a nuestro país, por violaciones sistemáticas de los derechos humanos mediante Relatores Especiales, expertos independientes, de la entonces Comisión de Derechos Humanos, los cuales, cada año, realizaban informes sobre la evolución del país en términos de derechos humanos. Así es como se sucedieron en este seguimiento Fernando Voglio Jiménez (1979-1993); Alejandro Artucio Rodríguez (1993-1999) y Gustavo Gallón Giraldo (1999-2002). Este fue el seguimiento más largo de toda la historia de las Naciones Unidas hasta entonces a un Estado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Todo un récord.

En 2002, contra toda lógica, se decidió retirar la figura del Relator de la ONU para el país, justo en un momento en que se desataba una oleada de represión en Guinea Ecuatorial. No obstante este hecho, el país siguió bajo seguimiento mediante Relatores Temáticos de la ONU. De este modo visitaron el país tres Relatores temáticos: Ambeyi Ligabo, sobre libertad de Opinión y de Expresión, del 2 al 7 de diciembre 2002; Manuela Carmena Castrillo y Soledad Villagra de Biedermann, miembros del grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria, del 08 al 14 de julio de 2007, y Manfred Nowak, sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, del 9 al 18 de noviembre de 2008.

  Todos y absolutamente todos los informes de todos estos expertos independientes de las Naciones Unidas fueron unánimemente concordantes: el país no hacía ningún progreso en el respeto de los derechos humanos. Y así lo sentenciaba el último Relator Especial, Gustavo Gallón Giraldo en su informe E/CN.4/2002/40: “El pueblo de Guinea Ecuatorial sigue sufriendo impunemente los graves atropellos del régimen que lo gobierna. No se puede hablar de Estado de derecho en Guinea Ecuatorial al estar todos los poderes concentrados en una sola persona que decide por todas las demás y sin ningún tipo de miedo hacia la comunidad internacional: el Señor Obiang”.

  Y efectivamente, el país sigue siendo gran violador de los derechos humanos y no se aprecia esfuerzo significativo alguno por parte de los gobernantes que infunda optimismo. La reacción del régimen es siempre la misma: se proclama víctima de los enemigos externos e internos de Guinea Ecuatorial y acusa a la comunidad internacional de falsear la realidad del país.

  El EPU se crea, pues, para establecer un sistema de igualdad entre todos los Estados miembros de la ONU en la valoración de su comportamiento en materia de derechos humanos. Desde su puesta en marcha en 2005, cada Estado ha sido examinado dos veces, en el primero y segundo ciclos. 

Guinea Ecuatorial pasó sus dos primeros exámenes en diciembre de 2009 y en mayo de 2014, respectivamente.

Al término de su primer examen en 2009, el país se comprometió a cumplir 86 de las 115 recomendaciones que le fueron hechas; pidió ir a examinar otras 28 recomendaciones de las que daría una respuesta a su debido tiempo, y rechazó una recomendación. La recomendación rechazada le fue hecha por los Estados Unidos de América y decía lo siguiente: “El Estado de Guinea Ecuatorial debe permitir que los partidos políticos y los medios informativos desarrollen sus actividades libremente; velar por el examen imparcial de las irregularidades electorales y las correspondientes denuncias presentadas a raíz de las elecciones del 29 de noviembre; y establecer un órgano independiente y representativo encargado de revisar el marco electoral del país y velar por la legitimidad del proceso democrático”.

  En la segunda ronda del EPU en 2014, Guinea Ecuatorial se comprometió a cumplir con 102  de las recomendaciones que le fueron hechas, 83 serían analizadas para una respuesta ulterior y 6 fueron rechazadas, todas ellas relacionadas con la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En la práctica, pocos avances fueron observados en el comportamiento de Guinea Ecuatorial en el ámbito de los derechos humanos; a pesar de las 86 recomendaciones aceptadas en el anterior examen por el gobierno de Guinea Ecuatorial, las violaciones de los derechos humanos siguieron siendo omnipresentes en el país. El pueblo seguía y sigue viviendo con un gran miedo hacia sus dirigentes.

  Y en este tercer ciclo del EPU, junto con otros 13 Estados, la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial ha sido estudiada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el lunes 13 de mayo de 2019.

  Hasta el momento de publicar este artículo, el informe final del EPU 2019 no se ha hecho todavía público. No obstante, los datos retenidos en directo durante el desarrollo del examen ya permiten deducir que el balance global de este tercer examen es claramente negativo para el gobierno de Guinea Ecuatorial. Quince países formularon serias objeciones sobre el informe nacional y mostraron su “grave preocupación” sobre la situación en el país. Son estos países: Portugal, Montenegro, Islandia, Ghana, Alemania, Francia, Dinamarca, Costa Rica, Canadá, Burkina Faso, Bélgica, Australia, Zambia, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y España. Sus preocupaciones apuntaban a  la situación de los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial y la persecución de que son objetos las personas que los defienden y, en general, los partidos opositores;  la pervivencia de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico del país; la conveniencia de que se cree en Guinea Ecuatorial una institución de seguimiento y control de la situación de los Derechos Humanos independiente del gobierno, el creciente estrechamiento del “espacio político” en el país; la inexistencia de una Justicia independiente; la práctica de torturas y la impunidad de los torturadores; la discriminación de las mujeres y aspectos concretos de esta discriminación:  prohibición de las menores embarazadas para continuar sus estudios, los casos de violencia contra las mujeres y número excesivo de “matrimonios precoces”; debilidad de las políticas contra la pobreza; dificultades en el ejercicio de las libertades básicas: reunión, expresión y organización; debilidad en la lucha contra la corrupción…

Frente al informe presentado por el Estado de Guinea Ecuatorial en el que aparecía un gran número de datos inexactos y poco creíbles, la sociedad civil, pilotada por EG Justice (ONG dedicada a la promoción de los derechos humanos, transparencia y participación ciudadana en pro de una Guinea Ecuatorial más justa, con sede en Washington DC) e integrada por asociaciones como ASODEGUE(ONG dedicada a la promoción y difusión de información sobre Guinea Ecuatorial), CESGE (Centro de Estudios Guineoecuatorianos), NEWSETA (Red de Solidaridad, Empoderamiento y Transformación para Todos, por sus siglas en inglés), ADISI y otras, presentaron datos recogidos sobre el terreno, analizando el cumplimiento o no del Gobierno de Guinea Ecuatorial  de las obligaciones adquiridas en relación con los derechos humanos. Analizaron, entre otras, las graves situaciones de detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, privación de vida, ejecuciones extrajudiciales, así como otras violaciones de derechos humanos, y evaluaron el cumplimiento de las recomendaciones presentadas al gobierno de Guinea Ecuatorial durante el segundo periodo del EPU, enumerando una serie de recomendaciones específicas.

  El Grupo de Trabajo del EPU aprobó las recomendaciones de Guinea Ecuatorial el 16 de mayo.  Quedamos a la espera de que se hagan públicas.

Guinea Ecuatorial en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas