El régimen guineoecuatoriano plantea una demanda de conciliación y arbitraje en el contencioso de los bienes mal adquiridos que le enfrenta con la justicia francesa.

La página La Lettre du Continent publica hoy lo que serían las últimas noticias sobre el contencioso que enfrenta al régimen guineoecuatoriano con la justicia francesa. Según esta fuente, el pasado 6 de enero, Miguel Oyono Ndong Mifumu, embajador del régimen nguemista en París habría presentado una demanda de conciliación y arbitraje en el ministerio francés de Asuntos Exteriores en la que se plantea «la voluntad de alcanzar una solución diplomática definitiva al contencioso que enfrenta a los dos países «. Es la primera vez que la diplomacia guineoecuatoriana reconoce la existencia de un contencioso bilateral. La comunicación enviada por Ndong Mifumu se remite a varios convenios internacionales “que permitirían a los dos países avanzar en la solución de conflictos de este tipo”. Se trataría de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, que habría sido ratificado por Malabo el 15 de noviembre de 2014, y la Convención de Naciones Unidas sobre delitos transnacionales, que Guinea Ecuatorial ratificó el 15 de noviembre de 2000.

 
La demanda de conciliación tendría como objetivo permitir que se tomase una decisión sobre si la justicia francesa podía, o no, embargar el edificio del número 42 de la Avenida Foch, de París. El régimen guineoecuatoriano lo considera una violación de su soberanía porque mantiene que este edificio es su embajada. Dispone, parece, de un documento del fisco francés en el que se demostraría la venta de este edificio al gobierno de Guinea Ecuatorial por parte de su último propietario Teodoro Nguema Obiang Mangue (Teodorin).

 
La justicia francesa puede aceptar o rechazar la demanda. Si la rechazase, “el abogado de Malabo, Jean-Charles Tchikaya, se vería forzado a recurrit a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuyas decisiones deben ser aceptadas por las jurisdicciones nacionales”. La decisión debe tomarse, como mucho, seis meses después de presentada la demanda.