El Plan Minero de Guinea Ecuatorial. Cosas de mi país (3). Hilario Sue Alene

     
            Intento hacer este análisis en tanto que activista de una ONG, y en base a los conocimientos adquiridos en Lima (2011) y en Yaoundé (2013), en materia de Industrias Extractivas/Vigilancia y Desarrollo Sostenible. Me atrevo hacerlo recordando a Durante o Dante, aquel andante toscano que en la mitad del camino de su vida se encontró en una selva oscura; semejante a nosotros, la mayoría de los guineanos nacidos en la era colonial. 

             Empecemos con la exposición de motivos que encabeza la Ley nº 1/2019, fechada el 29 de noviembre, de Minas de la República de Guinea Ecuatorial. 

              En tanto que “chupatintas”  de los del cuadro colonial, siempre me quedo bastante perplejo cuando en la elaboración de una disposición legal el autor empieza el preámbulo o exposición de motivos con “considerandos”, sin antes haber hecho una amplia presentación de los motivos, causas y demás razones que justifican lo proyectado, ni indicar los objetivos que se pretende alcanzar con el tema objeto de la disposición legal, en este caso la explotación de minas; todo ello enmarcado en la III Conferencia Económica Nacional. Sirva de ejemplo la exposición de motivos de la Ley nº 8/2006 de Hidrocarburos.   

                 Para no hacer muy extenso este artículo limitaré el trabajo principalmente a unas observaciones sobre la nueva ley de minas nº 1/2019, sin jactancia ni gongorismos de ninguna clase. 

                 1.- Incluso para un fatuo como yo, tras una breve lectura o sobrevuelo de la citada ley, se nota a primera vista que el legislador puso más énfasis  en los siguientes aspectos que pretendo presentar de manera priorizada: 

                   1.1.- Primero, en el mal interpretado dominio soberano y preponderante del Estado  sobre los recursos naturales del país. Una idea contraria al relato bíblico que hace al hombre dueño y señor de todo lo que existe en la tierra; según Génesis, capítulo 1, versículo 26. 

                      Sin compararnos con los Estados Unidos de América donde todo individuo es dueño de la tierra que trabaja, Níger, por ejemplo, hace constar en su Constitución que los recursos naturales son propiedad del pueblo. El Estado es mero administrador subsidiario.

                   1.2.- Segundo, en el propósito de atraer empresas mineras. Aunque también se nota en ciertos artículos de la ley en cuestión que el autoritarismo sigue siendo lo más dominante. Así vemos que las cuestiones abordadas en el Título V (nulidad, caducidad, suspensión, extinción de derechos mineros y otras cuestiones similares) el Estado aparece como juez y parte, sin que se reconozca a las empresas mineras la viabilidad de acogerse en caso de litigio o desavenencia a una solución amigable, o acudir a alguna institución nacional o internacional para resolver esos casos. 

                          Acudir o recurrir al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones) por una de las partes puede ser mejor solución que la “discrecionalidad autoritaria” o arbitraria del Ministerio de Minas. 

                          La ley en cuestión debería haber mencionado los siguientes temas favorables a las empresas, citados no como excluyentes, para después desarrollarlos en los reglamentos de aplicación y en los contratos:  

1.3.- La cláusula de la confidencialidad. 

1.4.- La estabilidad impositiva. 

1.5.-  Servicio propio de seguridad de las empresas. 

1.6.- Peritaje y auditorias independientes, por no citar más que estos temas. 

             Resumiendo, del espíritu de la ley que nos ocupa se desprende, por una parte, la intención de atraer empresas mineras mediante un sistema tributario más o menos atractivo, y por otra, en lo que respecta a las relaciones Estado/Empresas aparece como en un trasfondo una oscilante espada de Damocles como para persuadir a los empresarios de toda jugada innoble. Véase la oscilante espada en el artículo 123, sobre sanciones. 

                 Este papel de juez y parte que la ley 1/2019 de minas confiere al Estado, podría ser  prueba irrefutable de la indefensión reinante en nuestro país; podría ser la causa de ausencia de empresas mineras major en la EG RONDA 2019. Porque de hecho, las tres empresas mineras cuyos contratos acaba de firmar el Gobierno no son a ciencia cierta ni de las medianas en el sector minero.

                   2.- Todo parece indicar que la población guineana se ha llevado la peor parte en los “considerandos” de la nueva ley de minas que, a todas luces, es mucho mejor que la del año 2006. 

                    Pese a ser mejor que la anterior, la nueva ley 1/2019 de minería ha pasado por la tangente de los derechos reconocidos a la población por las normas internacionales relativas a la explotación de los recursos naturales, máxime en el caso de la minería, que en muchas de las veces afecta directa e indirectamente a la población, ribereña o no.  

                     A la población le ha tocado la rana y la marabunta, valga la expresión, en este plan de explotación minera; y por no alargar este artículo pongo como ejemplo los siguientes aspectos: 

 2.1.- No existe en el articulado ninguna mención al concepto CLIP (Principio del Ecuador) Aunque en el artículo 19 de la ley objeto de este análisis se prevé indemnizar a las personas físicas y jurídicas, consejos de poblado y comunidad de vecinos, en cambio, no se indica  la necesidad y conveniencia de asociar previamente a la población en las actividades extractivas de un determinado lugar, con la finalidad de obtener de los afectados su consentimiento libre mediante información previa. Tampoco se dispone nada sobre el cuadro conceptual Proteger, Respetar y Reparar , aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 17/4 de fecha 16.06.2011. 

2.2.- A los conceptos citados cabe añadir los Principios Directores de la OCDE y las Políticas y Normas de Desempeño del Banco Mundial, relativos ambos conceptos a las multinacionales establecidas en los países productores de recursos naturales no renovables y otras inversiones.

2.3.- En el inciso 2 del citado artículo 19, se prevé la expropiación forzosa, sin tener en cuenta que el proceso de expropiación aplicado hoy día en Guinea Ecuatorial es en base a la ley española  de Expropiación Forzosa de fecha 16 de diciembre 1954, reforma de la ley de 1939, que respondía a una acción administrativa  impulsada  al ritmo exigido por la urgencia de la reconstrucción nacional del franquismo, por lo tanto no adecuada a la idiosincrasia guineana.

            Hablando de la expropiación forzosa, resulta a veces que son unos individuos que no  respetan la ley, ante, diríase un silencio tolerante de la Administración. Tal es el caso de los terrenos expropiados por interés social y utilidad pública para la construcción de viviendas sociales confiada a la empresa marroquí URBADJET, en Malabo. 

2.4.- El tenor y el espíritu de la ley analizada no permiten saber si el plan minero  va encauzado al desarrollo sostenible de Guinea Ecuatorial, ni si conduce a la diversificación de la economía guineana. Pues, salvo error, no consta en el articulado la obligación de las empresas mineras de presentar un Programa de Desarrollo de la Comunidad, adaptado a las recomendaciones de la Tercera Conferencia Económica, cuyos tres documentos está el Gobierno estudiando actualmente, y esperamos sean de dominio público; contrariamente a los documentos del plan Horizonte 2020 no asequibles a la población interesada.       

3.- Los contratos de las industrias extractivas deben ser  documentos públicos; máxime si se tiene en cuenta que Guinea Ecuatorial pretende adherirse a la ITIE. 

 4.- En tanto que país deseoso de adherirse a la ITIE, el Gobierno debe incluir en sus legislaciones y contratos con empresas el concepto de Beneficiarios reales  así como otras prácticas relacionadas con la transparencia, anti-corrupción y gobernanza. Tal como se indica también en varias de las recomendaciones del Examen Periódico Universal -EPU- desde 2009 hasta la última sesión nº 33 del año 2019.  

4.1.- La Ley nº 1/2019 tantas veces citada fue elaborada, debatida y promulgada en pleno periodo 

preparatorio del proceso de adhesión GE/ITIE. Si se tiene  en cuenta que los requisitos del estándar son el mínimo exigido, el plan minero debería haber aparecido como una realización meritoria a favor del Gobierno para mostrar un esfuerzo  con vista a la integración en la ITIE, indicando en la ley, por ejemplo, la conveniencia casi obligatoria por parte de las empresas mineras de sujetarse en sus actividades a la norma ITIE.

5.- El Contenido Local (Local Content) debe ser parte del desarrollo de la colectividad. No debe limitarse como se observa hasta ahora, a raíz de la explotación de hidrocarburos, a una aislada construcción de escuelas, pozos de agua potable y otros proyectos sociales que no corresponden a un programa de desarrollo de una región, distrito o comunidad. Debería estar relacionado al desarrollo económico y social nacional, en consonancia con otros Ministerios y no como coto reservado al Ministerio de Minas e Hidrocarburos.    

            Entre otras insuficiencias de nuestro Contenido Local, en los contratos se debería determinar un plazo para la sustitución de expertos extranjeros por expertos nacionales formados y capacitados previamente por las empresas multinacionales. 

              El verdadero concepto de Contenido Local va más allá  de las simples funciones que le reconoce la Administración guineana.

                Según los tratadistas, el Contenido Local representa la contribución al desarrollo económico y social de las compañías extractivas mediante la utilización prioritaria de los recursos nacionales y el reforzamiento de las capacidades de la mano de obra del país productor. 

                    El Contenido Local se inscribe  en el marco de la Responsabilidad Societal Empresarial (RES) y debe responder también a los requisitos de la ITIE.  

                    Debido a que la mayoría de los Ministerios no envían sus disposiciones legales a la Administración del Boletín Oficial del Estado como antaño, no disponemos todavía de la Orden 1/2020 del Ministerio de Minas e Hidrocarburos que, suponemos, está relacionada con el Contenido Local, nueva versión.

                   6.-Tampoco disponemos de información sobre el contrato de estudios sísmicos firmado recientemente por el Gobierno con la empresa rusa ROSGEO. Bien poco tenemos que decir al respecto, por cuanto que los “arreglos” de esa naturaleza son “secreto de Estado” en la Administración guineana.

                       En este mismo orden de ideas podemos citar los estudios y demás trabajos confiados a la londinense Perceptum.

                       Tanto en uno como en el otro caso nos preguntamos si no hubiese sido más recomendable por menos oneroso  confiar al Banco Mundial un completo estudio sísmico de nuestro suelo y subsuelo, así como una asistencia técnica compartida con profesionales guineanos para empezar con buen pie un plan minero favorable a todas las capas guineanas, sin exclusión alguna.          

7.- Zonificación. 

               La zonificación consiste generalmente en establecer las normas esenciales sobre cómo y dónde deben ubicarse las múltiples actividades sociales y económicas de un país. 

                En el caso de nuestra minería el Gobierno (Ministerio de Minas e Hidrocarburos) debe elaborar y hacer público un mapa que permita conocer de manera clara e inequívoca cuáles son los poblados, comarcas,  y zonas, pobladas o no, que se verán afectadas en los bloques adjudicados últimamente a las empresas mineras en la reciente licitación. 

                   Si de la licitación petrolífera Ronda 2019 existen algunos bloques en tierra firme (onshore) es necesario y conveniente también publicar el correspondiente mapa de zonificación.        

                    8.- A modo de conclusión, es mucho lo que podemos decir respecto al plan minero de Guinea Ecuatorial. Pero, para no hacer muy extenso este artículo nos vemos obligados a concluir con el siguiente voto de esperanza: 

                   8.1.- Esperamos, confiamos y rogamos con mucho anhelo que el Gobierno se percate de la necesidad actual de hacer con los ingresos mineros lo que faltó por hacer con el petróleo, que es sobre todo reducir el número de la población pobre mediante un apoyo maximizado a las actividades agropecuarias, que es en su mayoría la ocupación  de la población más desprovista. 

                     A nuestro juicio, un apoyo maximizado para las actividades agropecuarias se conseguiría, sin contraer deudas externas, reduciendo considerablemente los montos presupuestarios conocidos con la denominación de “asignaciones globales” de los Departamentos, Instituciones y Entidades públicas, transfiriendo lo reducido al capítulo de los proyectos directamente productivos (agricultura, ganadería, agroindustria, etc.)

                      Es cierto y muy cierto es que los ingresos de hidrocarburos permitieron en años anteriores construir muchos kilómetros de carretera asfaltada, grandes, casi faraónicos edificios públicos destinados a oficinas, hospitales  (algunos de ellos no entregados todavía al Gobierno, como los de Mikomeseng y Sok Somo) puertos, aeropuertos; realizaciones inacabadas como Oyala, otras de poco impacto social como Sipopo. 

                    También es cierto que  en aquel entonces, llamado eufóricamente por algunos guineanos “época de vacas gordas”,   según la única conciliación de ingresos de recursos extractivos hecha en Guinea Ecuatorial (Informe Deloite) el país alcanzó los siguientes beneficios: 

Año 2007, ingresos en USAD………… 4.062.924.166,- 

Año 2008,       “                  “   ………….. 5.988.481.635,-   

      Total, S. E. ú O.………………………. 10.051.405.801,- 

Año 2007, ingresos en Fcfa…………  9.831.822.307,-  

Año 2008,       “                 “…………..  9.526.562.811,-

         Total, S. E. ú O.…………………… 19.358.385.118,- 

                Desgraciadamente, por la opacidad administrativa de ahora y siempre no podemos dar datos sobre la utilización o distribución de estos ingresos… Una cosa es cierta, no fue de hecho muy acertada. Porque el FMI en su Informe País nº 13/83, correspondiente al año 2012, recomienda al Gobierno transferir los más de 2.140 billones de Fcfa situados en Bancos comerciales extranjeros al  BEAC, para cumplir con sus obligaciones internacionales y porque al no constar ese monto en el presupuesto no había conciliación completa entre las cuentas fiscales y las financieros.  

                  Pese a esos ingentes ingresos, en proporción matemática a la demografía del país son grandes cantidades, pero nos encontramos sorprendentemente con que en Guinea Ecuatorial, según el Plan Nacional Horizonte 2020, tomo 3º, página 8, hay  un 76% de población pobre. 

                  Esperamos, pues, que la Tercera Conferencia Nacional  nos traiga la buena nueva de haber  sido ya reducido considerablemente la pobreza en Guinea Ecuatorial.  

                  También esperamos que  lo que se produzca en años venideros como ingresos provenientes  de los recursos naturales permita reducir al máximo esa capa social aparentemente inexistente en nuestro país que es la población vulnerable; evitando así posibles fricciones sociales que originan una mala distribución de la riqueza y una falta de igualdad de oportunidades. 

Hilario SUE ALENE, Homo lambda.        

 Malabo, 22.06.2020.                            

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