“El macrojuicio de Ngolo, un proceso plagado de irregularidades”. Articulo publicado en el número 83 de La Verdad. CPDS

La República de Guinea Ecuatorial se articula en la vigente Ley Fundamental como Estado soberano, independiente, republicano, social y democrático (art. 1.1). La soberanía del Estado se ejerce a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, desarrollándose sus facultades y funciones mediante una Ley (art. 31.1 y 2). En virtud de esta previsión y mandato constitucional, se asume el clásico principio de la separación o división de poderes del Estado de la República de Guinea Ecuatorial, dentro del cual al poder judicial le corresponde el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Estado, mediante una Ley Orgánica, que determina la organización y las atribuciones de los Juzgados y Tribunales necesarios para un funcionamiento eficaz de la Administración de Justicia en la República de Guinea Ecuatorial (arts. 89 y 90.2).

Para el cumplimiento de dicha previsión constitucional, fue sancionada la vigente Ley Núm. 5/2009, de fecha 18 de mayo, por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Guinea Ecuatorial. Esta establece que en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Tribunales deberán proceder con sujeción plena al Ordenamiento Jurídico del Estado (art.3.1 LOPJ).

Desafortunadamente, el sumario 01/2018, seguido por los presuntos delitos de traición, rebelión, contra el Jefe de Estado, tenencia y depósito de armas y municiones y financiación del terrorismo, por el cual se ha desarrollado el macrojuicio de Bata, no ha sido merecedor del exhortante mandato por el ordenamiento jurídico del Estado al desarrollarse dentro de un marco sin garantías jurídicas y con total desprecio a todos los principios jurídicos consagrados en la Ley Fundamental de nuestro país.

Se abre la formación del Sumario núm. 001/2018 como consecuencia de un supuesto intento golpe de estado protagonizado entre ciudadanos guineanos y extranjeros, fracasándose el 24 de diciembre de 2017 en la ciudad de Ebibeyin, según el Juzgado de instrucción nº 2 de Bata. El Juez instructor especial, D. Teodoro EDJANG NSUE, también magistrado en activo en la Sala Segunda de la audiencia provincial de Bata, en su inteligencia los imputados concertaron dar un golpe de estado para matar al Jefe del Estado y su familia. Para llevar a cabo esta operación, según el Auto de procesamiento, reclutaron a varios expatriados de diferentes países vecinos, Chad, República Centroafricana, Gambia y Camerún, entre otros.

Ese Auto de procesamiento señala que las actuaciones se incoaron mediante escrito de querella instada por el Ministerio Fiscal en febrero del año 2018, seguido por presuntos delitos de TRAICIÓN CONTRA EL JEFE DEL ESTADO, REBELION, TENENCIA Y DEPOSITO DE ARMAS Y MUNICIONES Y TERRORISMO. En la prosecución de los mismos, los ecuatoguineanos civiles (16): D. Rubén-Clemente NGUEMA ENGONGA, D. Martín OBIANG ONDO, D. Héctor Santiago ELA MBANG, D. Onofre OTOGO OTOGO AYECABA, D. Bienvenido NDONG ODO y D. Salomón ABESO NDONG; miembros del Ejército nacional (12): D. Desiderio ONDO NDONG NCHAMA (T. Coronel y director de la Academia Emigo), D. Secundino ESONO MBA (ex-teniente de la fuerza aérea, yerno de Felipe Ondo Obiang y cuñado de Bienvenido Ndong Ondo), D. Enrique NSUE ANGUESOMO (Ex–Embajador de Guinea ecuatorial en Chad), D. Julián ONDO NKUM (Ex–Diector de la Seguridad Presidencial), D. Protasio EDU EDJANG (General en activo), D. Bienvenido ESONO ENGONGA, etc; extranjeros o supuestos mercenarios: D. Dominique CALACE DE CERLUC (asesor francés), D. Ahmed DIALO (Centro-africano), D. Mahamad KODO (General del ejército y jefe operativo Chadiano). Por tanto, la resolución de referencia declaró procesados a 133 personas, como hemos dicho, de diferentes nacionalidades. Esa resolución considera a todos los encausados como autores sin precio alguno al centro de imputabilidad objetiva que debe caracterizar este tipo de resolución judicial en los procedimientos penales.

Durante la fase intermedia, también llamada preparación del juicio oral y público, el Ministerio Fiscal evacuó sus calificaciones provisionales sin respeto alguno al centro de imputabilidad objetiva en la misma medida del instructor, solicitando a todos los procesados pena máxima de reclusión mayor, por los delitos de traición, rebelión y contra el jefe del Estado, mientras por el delito de tenencia y depósito de armas y municiones solicitó la pena de prisión mayor, finalmente solicito 20 años de prisión por el delito de terrorismo, una pena de multa solidaria de quinientos millones (500.000.000) F.CFA y una responsabilidad civil solidaria derivada de mil trecientos millones (1.300.000.000) F.CFA. Es decir, una pena de privación de libertad a cada encausado de 122 años, entendidas en su grado máximo.

Por resolución del Ilustre Colegio Nacional de Abogados de Guinea Ecuatorial, a instancia del Ministerio Fiscal, al margen de los trámites legales, se designa ambiguamente 17 abogados en turno de oficio para todos los procesados, algunos con un número de 1 hasta 14 procesados. En efecto, la secretaria de lo penal de la Audiencia provincial de Bata, entonces, legitimada a enjuiciar la causa, instó a los abogados defensores personarse en los autos para emitir sus conclusiones provisionales en la causa. En lugar de entregar el expediente completo a los defensores por turno que correspondiera para evacuar el tramite conferido, se limitó a entregar simple y llanamente algunas piezas del expediente, tales como el Auto de procesamiento, escrito de querella, escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal y las declaraciones prestadas ante el Juez instructor de los defendidos presentes y recluidos en el centro penitenciario de Nkua-ntoma de Bata. Por tanto, se desprende la falta de garantías en que se envuelve el sumario masificando la indefensión de los procesados. Como reacción, varios defensores planteamos la insuficiencia del material de instrucción formulando la petición de hacernos entrega total del sumario con un plazo superior a treinta días para evitar la indefensión, conforme establece el art. 654 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), petición que fue ignorada por la sala.

En correlación de estas actuaciones, tres días antes de la celebración del juicio, y mediante un comunicado por TVGE, se concedía un plazo de setenta y dos horas a fin de que la defensa pudiera entrevistarse con sus defendidos. Durante estas entrevistas, los encausados manifestaron que muchos fueron detenidos y arrestados entre diciembre del 2017 y enero de 2018 en régimen de incomunicados; que fueron sometidos a graves torturas hasta con lesiones graves y sin asistencia sanitaria; las declaraciones fueron prestadas a base de este trato cruel y coacciones, sin asistencia letrada durante la práctica de esas diligencias, sin ser informado sobre el objeto de su detención, violando los derechos fundamentales de cualquier encausado, y, además, ya llevaban en prisión preventiva algo más de un año. Uno de los encausados, D. Desiderio NDONG ABESO, contó a su abogado que fue detenido en Malabo por el agente D. Federico ESONO MBA (“Maikol”), quien le golpeó con la pistola en la nuca volviéndose inconsciente; le llevaron a Guantánamo, atadado hasta los genitales, le sacaron 16.000 euros, un millón de francos y dos teléfono móviles; en la misma desgracia cayó D. Mario MBA NTUTUM MEDJA, con manos machacadas, más de una semana orinando sangre, sin asistencia médica y que también fue involucrado en el caso de Felipe ONDO OBIANG y Guillermo NGUEMA ELA, con toda sus familia; la sede de la empresa Euromarfil fue saqueada por los agentes que lo detuvieron, siendo entonces jefe de recursos humanos de la empresa y primo de Bienvenido ONDO NDONG.

Como había señalado anteriormente, el juicio comenzó el 22 de marzo del 2019, sobre las 10h45 en la sala de conferencia de Ngolo. Por orden del presidente, el secretario de la sala dio lectura del auto resolviendo las cuestiones previas planteadas por la defensa, es decir, artículos de previo pronunciamiento, las cuales fueron rechazadas de plano por el tribunal. Acto seguido, el secretario continuó con la lectura del auto de

procesamiento para luego dar paso a la exhibición de las piezas de convicción consistentes en municiones, 20 fusiles Kalashnikov, teléfonos “Turayas”, etc. A continuación, la mesa cedió la palabra al MF dándose lectura de sus conclusiones provisionales, de igual forma a la defensa. Se concluyó dicha jornada siendo las 17h00 de la tarde, siendo la mesa compuesta de seis (6) magistrados, incluido su presidente D. Pascual BACALE NFONO, cuatro (4) fiscales y 17 defensores.

Durante la diligencia interrogatoria de los procesados, se produjo una serie de actitudes del presidente respecto a la defensa en cortar indiscriminadamente la palabra, sin permitir protestas de la defensa a las preguntas capciosas y sugestivas del MF, un trato desigual entre las partes, hasta el extremo de quitar la palabra a la defensa en pleno interrogatorio de sus defendidos. Estas y otras actitudes del presidente hicieron que la defensa en bloque emitiese una carta de protesta a la mesa exigiendo a la misma que Garantizara los derechos fundamentales consagrados por la Constitución en su art. 13, en relación con el art. 3 de la vigente LOPJ. Consecuentemente, se suspendieron las sesiones durante algo más de una semana, sin descartar el descontento del régimen por las declaraciones de Julián ONDO NKUM, en las que afirmaba: “si tuviera que ver algo con este proyecto, no necesitaría a ninguno de estos aquí presentes porque con mi experiencia, entro en el Palacio hasta la habitación del presidente y le detengo”. Por otra parte, el hecho de que el Teniendo Coronel Desiderio ONDO NDONG manifestase que el presidente OBIANG volviese a formular invitación al Santo Padre porque el país está hundido por la maldad, tampoco gustó.

El acceso del público a la sala fue restringido por orden el presidente del tribunal sin causa justificada. Por lo que el carácter del juicio oral y público se vio afectado.

Los procesados expatriados, mal llamados “mercenarios”, sostuvieron en todo momento que fueron engañados, secuestrados y posteriormente encerrados en una casa en Ebibeyin, apresados por un tal Mustapha y el general chadiano Mahamad Kodó. Fueron contactados para una obra de construcción y nunca supieron de quién iban a ser empleados. Por su parte, Héctor Santiago Ela aseguró al tribunal que no conoce al resto de los procesados, excepto anOnofre, con quien formó parte del grupo de los seis, es decir, Rubén Clemente, Salomón, Bienvenido y Feliciano. En este escenario, Ondo Nkum aseguró que de haber formado parte del proyecto “no contaría con estos niños”, con su experiencia y por sí mismo “entraría en el palacio hasta la habitación del presidente, lo detendría y asunto zanjado”, es decir, no se hablaría de intentos. También aseguró que está involucrado en este proceso por una mano negra que está aprovechando las malas relaciones o desentendimiento que asola las relaciones con el Jefe del Estado, sobre todo, porque fue instructor de Bienvenido en el caso de su tío D. Felipe ONDO OBIANG. Por otra parte, el Teniente Coronel D.

Durante estas diligencias de interrogatorio de los procesados, el 29 de marzo de 2019, la defensa presentó un escrito de queja a la mesa del tribunal por el actitud hostil del presidente contra la defensa para exigir que la mesa adoptase medidas y ambientes que garantizaran al proceso con garantías debidas, que se desarrollase bajo el principio de contradicción, con igualdad de armas, si coartar la libertad de la defensa. Como consecuencia de esta queja, una comisión integrada por el Decano del Colegio y Ministro Delegado de Justicia, el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General del Estado, se reunió con la defensa, los magistrados y los fiscales, con un solo objetivo: amenazar a la defensa con el argumento de que la designación había sido por el Estado y, por tanto, el tribunal merecía el respeto que le otorgan las leyes. Las sesiones fueron suspendidas por más de una semana y, durante este tiempo, la Presidencia de la República sancionó un decreto nombrando a dos fiscales y dos magistrados militares, cuya efectiva incorporación en el tribunal se hizo el 8 de abril de 2019, fecha en que se reanudaron las sesiones suspendidas.

La defensa protestó contra esta actuación y la mesa rechazó de plano dicha protesta. El 29 de abril, tocó el interrogatorio del procesado D. Mario MBA NTUTUM MEDJA, defendido por el letrado Elías Nzo Ondo. Este le preguntó cómo se sentía, y él describió la manera en que había sido vilmente torturado. De inmediato, el presidente le retiró la palabra al agobado, le sancionó con una multa de cien mil (100.000) FCFA y le obligó a abandnar la Sala hasta tanto que hubiese hecho efectivo el pago de la sanción impuesta porque, según dijo el propio presidente, “aquí no estamos enjuiciando la tortura”. Contra esta sanción, el abogado afectado formuló recurso audiencia en justicia y se resolvió confirmando la sanción impuesta, con apercibimiento de que se le concediese un plazo de 72 horas para hacer efectivo el pago, caso contrario sería excluido como parte procesal del juicio. Por honor a la deontología profesional, el abogado ingresó al tesoro público el importe correspondiente. Sin embargo, el presidente no cesó de amenazar a esta defensa con palabras como estas: “el que empieza mal ultima mal”, “eres abogado de oficio”, “tus protestas no van a constar en el acta”. En fin, desestimó todas las protestas dirigidas contra las preguntas capciosas, sugestivas y autoinculpatorias que los fiscales dirigían a sus defendidos.

Los fiscales retiraron las diligencias testificales propuestas por ellos sin razonar. Sin embargo, el presidente se negó rotundamente a admitir las propuestas por la defensa, alegando inmunidad sin legitimidad. Por tanto, el MF no presentó ninguna prueba incriminatoria contra los encausados.

Pese a la insistencia por parte de la defensa de que la sala no podía juzgar a los ausentes por no concurrir en el sumario los requisitos procesales al efecto, tanto la fiscalía como la mesa cargaron contra los supuestos imputados ausentes condenándoles en la resolución final.

Agotada la fase probatoria, el MF modificó sus conclusiones provisionales retirando acusación a unos cuantos procesados, sin embargo introdujo nuevas figuras delictivas tales como abandono de servicio, negligencia profesional y sedición militar, mientras el bloque de la defensa elevó a definitivas sus conclusiones provisionales pidiendo libre absolución de sus defendidos con todos los pronunciamientos favorables, reservando, de este modo, las acciones legales que mejor defiendan los daños ocasionados a sus defendidos. Ambas partes, tanto los fiscales como la defensa, presentaron sus correspondientes argumentos jurídicos.

En el turno de última palabra, ONDO NKUM afirmó al tribunal que “él no es del régimen sino que es el régimen mismo”.

La sentencia se publicó el 31 de mayo en la Sala de Conferencias de Ngolo. De las 133 encausados, veintiuno fueron absueltos, mientras que el resto fueron condenados a las penas de privación de libertad superiores a 90 años, en un juicio plagado de irregularidades, indefensión y falta de garantías procesales.

CPDS

El macrojuicio de Ngolo, un proceso plagado de irregularidades