13 de abril 2022
El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que el gobierno de Guinea Ecuatorial sigue llevando a cabo «ejecuciones ilegales o arbitrarias», incluidas algunas extrajudiciales.
Según el informe sobre Derechos Humanos publicado el martes, «hay informes creíbles de ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, por parte del gobierno, de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno o en su nombre».
Así como de «condiciones carcelarias severas y que amenazan la vida», y «arresto o detención arbitraria; presos o detenidos políticos», en Guinea Ecuatorial, uno de los nueve estados miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
El documento también denuncia «graves problemas con la independencia del poder judicial; injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, graves restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluidas la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, las detenciones o procesamientos injustificados de periodistas, la censura y la existencia de leyes penales de difamación».
El país también sigue habiendo «serias restricciones a la libertad de Internet, interferencias sustanciales con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluyendo leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales, restricciones a la libertad de movimiento y residencia dentro del territorio de un Estado y al derecho a salir del país».
Además, siempre según el documento, en Guinea Ecuatorial sigue existiendo una «incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno de forma pacífica, a través de elecciones libres y justas, restricciones graves e irrazonables a la participación política; grave corrupción en el gobierno».
El documento admite que el gobierno, dirigido por el presidente Teodoro Obiang, jefe de Estado desde hace más de 40 años, «ha tomado algunas medidas para procesar o castigar a funcionarios que han cometido abusos o se han involucrado en la corrupción, incluyendo algunos casos motivados por la prensa y la crítica pública, ya sea en las fuerzas de seguridad o en otras partes del gobierno, pero la impunidad ha seguido siendo un problema grave».
Además de esto, también se da en el país «una falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluyendo pero no limitado a la violencia doméstica o de pareja, la trata de personas y los delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales».
El documento recuerda también que «Guinea Ecuatorial es nominalmente una república constitucional multipartidista». Pero «desde un golpe militar en 1979, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha dominado todos los poderes del Estado en colaboración con su clan y su partido político, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, que fundó en 1991».
En 2016, el presidente Obiang afirmó que había sido elegido con el 93,7% de los votos, en unas «elecciones presidenciales que muchos consideraron ni libres ni justas», continúa.
Ya en 2017, el país «celebró elecciones legislativas y municipales que carecían de una supervisión y verificación nacional o internacional independiente de verificación de los censos electorales, registro de votantes y control adecuado de las tarjetas de votación», añade.
El partido en el poder y sus 14 partidos de coalición obtuvieron el 92% de los votos, ganando los 75 escaños del Senado, 99 de los 100 escaños de la Cámara Baja y todos menos uno en los consejos municipales, señala también.
«El vicepresidente (Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo mayor del presidente Obiang) tiene el control general de las fuerzas de seguridad. En general, la policía se encarga de mantener el orden público en las ciudades, mientras que los guardias son responsables de la seguridad fuera de las ciudades y de los eventos especiales», subraya.
La policía depende del Ministro de Seguridad Nacional, mientras que los guardias dependen del Ministerio de Defensa Nacional.
Los militares dependen del ministro de Defensa Nacional, pero «también desempeñan funciones policiales en zonas fronterizas, lugares sensibles y zonas de mucho tráfico», subraya el documento.
«Ambos ministros dependen directamente del vicepresidente. Hay más elementos policiales en los Ministerios de Interior [policía de fronteras y tráfico], Hacienda [aduanas] y Justicia [policía de investigación y fiscalía]. Las autoridades de seguridad presidencial también ejercen funciones policiales en los locales presidenciales o en sus proximidades], señala el informe.
Concluye que «las autoridades civiles no han mantenido un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron diversos casos de abusos».
