Camerun. Robert Malley. esglobal

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La crisis en las zonas anglófonas de Camerún está a punto de convertirse en una guerra civil que desestabilizaría a un país que en otro tiempo se consideraba una isla de calma relativa en una región turbulenta.

La crisis se ha ido agravando cada vez a más velocidad desde 2016, cuando los profesores y abogados anglófonos salieron a la calle para protestar sobre el uso creciente del francés en los sistemas educativo y legal. Sus manifestaciones se transformaron en protestas más generales por la marginación de la minoría angloparlante, que constituye aproximadamente la quinta parte de la población camerunesa. El Gobierno se negó a reconocer los motivos de queja de los anglófono y a dialogar con sus líderes, y las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia las protestas y encarcelaron a los activistas. La represión aumentó la indignación de los anglófonos contra el Gobierno central y llevó a muchos que, en principio solo habían exigido autonomía y derechos, a los brazos de los grupos separatistas, que empezaron a cometer atentados a finales de 2017. La situación se complicó más aún con unas controvertidas elecciones presidenciales celebradas en octubre, que ganó el presidente Paul Biya, de 85 años y que lleva 36 en el poder, y en las que muchos anglófonos se abstuvieron.

En la actualidad, hay casi una decena de milicias separatistas que luchan contra las fuerzas gubernamentales, y dos organizaciones que dirigen la campaña desde el extranjero: el Gobierno provisional de Ambazonia y el Consejo de Gobierno de Ambazonia (supuesto nombre del autoproclamado Estado anglófono). Los separatistas no solo luchan contra las fuerzas de seguridad camerunesas, sino también contra grupos de autodefensa progubernamentales. Las bandas criminales en las zonas anglófonas han aprovechado el caos para ampliar sus actividades.

Según los cálculos de International Crisis Group, los combates han matado ya a casi 200 soldados, gendarmes y policías, han herido a otros 300 y han causado la muerte de más de 600 separatistas. Entre la población civil, al menos 500 personas han muerto por actos de violencia. La ONU dice que hay 30.000 refugiados anglófonos en Nigeria y 437.000 desplazados internos dentro de Camerún.

Para desactivar la crisis son necesarias medidas que generen confianza. Entre ellas, la puesta en libertad de todos los presos políticos, incluidos los líderes separatistas, por parte del Gobierno, el compromiso de ambas partes de instaurar un alto el fuego y el apoyo a una conferencia anglófona ya prevista que permitiría a los miembros de la minoría elegir a unos líderes que los representen en las negociaciones. De esta forma podría prepararse el terreno para unas conversaciones entre el Gobierno y los dirigentes anglófonos y, posteriormente, algún tipo de diálogo nacional que incluyera diversas opciones para la descentralización o el federalismo.

Las autoridades camerunesas dieron un paso en la buena dirección a mediados de diciembre cuando dejaron en libertad a 289 anglófonos, si bien centenares -varios líderes separatistas entre ellos- continúan todavía entre rejas. No está claro si esta decisión indica un genuino cambio de actitud del Gobierno, que hasta ahora ha parecido más decidido a aplastar a los rebeldes que a abordar sus preocupaciones. Tampoco está claro si la puesta en libertad servirá sin más para convencer a los separatistas más recalcitrantes de que más vale negociar que luchar.

Sin unas concesiones mutuas y sustanciales, Camerún corre peligro de deslizarse hacia un conflicto grave y desestabilizador.

Originalmente publicado en Foreign Policy10 Conflicts to Watch in 2019

 Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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