A tres años del cierre ilegal y arbitrario del Establecimiento de Micro Finanzas CoFyDes-MiCAJA. Marcos Manuel NDONG O-A.

En junio de 2015 el Primer Ministro del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa, sin mediar expediente administrativo alguno, firma la “amenazante” Resolución 015-5474-010 de fecha 3 de junio de 2015, en la que aplicando el Reglamento nº 01/02 CEMAC/UMAC/COBAC Relativo a las Condiciones de Ejercicio y de Control de las Actividades de Micro Finanzas en la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, señala incumplimiento de algunos “requisitos” que la referida Autoridad resume en que ““CoFyDes-MiCAJA está ejerciendo el rol de establecimiento de microfinanzas sin disponer de la correspondiente “licencia” o “autorización” previa de la Autoridad Monetaria, trasgrediendo así la normativa comunitaria vigente que regula este tipo de actividad””; el Primer Ministro del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa indica a continuación que “por lo señalado Y OTRAS CONSIDERACIONES Y EN EVITACIÓN DE MALES MAYORES” dispone el cierre del EMF CFD-MiCAJA, sanciona a la Entidad, al amparo de lo dispuesto en el Artículo nº 58 del referido Reglamento, con una multa de DIEZ MILLONES de Francos CFA, “que deberá hacer efectiva a las arcas del Estado”; ordena trasladar esa Resolución a los Ministerios de 1) Hacienda y Presupuestos, 2) Interior y Corporaciones Locales, 3) Seguridad Nacional, 4) Trabajo y Seguridad Social y 5) Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias; y, además, que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Tres años después sólo consta en la Entidad el traslado del Ministerio de Hacienda y Presupuestos, no así el de los otros ministerios señalados, ni la publicación del BOE. Las multas referidas en el Artículo 58 del Reglamento las impone la Corte de Justicia de la CEMAC ante la denuncia de la COBAC contra un EMF y no se ingresan en las arcas del Estado. La evidencia de una actuación basada en una decisión ilegal y arbitraria es manifiesta.

A nivel nacional la actuación del Primer Ministro del Gobierno, que no es Jefe de Gobierno ni que lo fuera, sino Encargado de la Coordinación Administrativa, no existe conformidad con ninguna normativa vigente, ni de orden general (incluida la referida al procedimiento administrativo) ni de orden específico (actividad de micro finanzas), que legitime jurídicamente dicha actuación.

A nivel de la CEMAC, precisamente el Reglamento nº 01/02 CEMAC/UMAC/COBAC, única base normativa evocada por esa Autoridad que debería otorgar legitimidad legal al contenido de la Resolución en cuestión, dispone que: La Comisión Bancaria se encarga de velar por el respeto por los establecimientos de las disposiciones reglamentarias dictadas por el Comité Ministerial, por la Autoridad Monetaria, por el Banco de los Estados de África Central o por ella misma, que les son aplicables y de sancionarles por las infracciones constatadas. … (Art. 53). El Primer Ministro del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa, jurídicamente no puede ampararse del Reglamento nº 01/02 CEMAC/UMAC/COBAC, sobre micro finanzas, para cerrar y sancionar COFYDES-MiCAJA, pues carece de autoridad y competencia para ello. He aquí la evidencia principal de la inexistencia jurídica o causa de nulidad de la Resolución 015-5474-010. Al efecto, la Corte de Justicia de la CEMAC en su sentencia nº 001/CJ/2016-17 del 30/03/2017, ante la demanda de anulación de la Resolución mencionada por ilegal (inexistencia jurídica), el Juez comunitario, en la forma, se declara incompetente para pronunciarse sobre la legalidad de la decisión tomada por el Primer Ministro Ecuatoguineano. Confirmando según lo dispuesto en el citado Reglamento la ILEGALIDAD de la Resolución nº 015-5474-010 del Primer Ministro del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa.

Sin la menor duda, hay que decirlo sin tapujos, esta Resolución merece por méritos propios, o por pura calamidad, encabezar una de las antologías nacionales de solemnes contradicciones y disparates registrados en la historia del País, desde luego no compatibles con la buena gobernanza.

En su origen el proyecto de creación del Establecimiento de Micro Finanzas COFYDES-Caja de Ahorros y Créditos Cooperativos (CFD-MiCAJA) fue diseñado cuidadosamente para fomentar el desarrollo económico y social nacional desde las economías de base hasta las Pequeñas y Medianas Empresas. En su Programa de Promoción de la Economía Social y Alimentaria y Agropecuaria (PROMESA) los objetivos de BaProyectos, principalmente para la seguridad alimentaria (agricultura, ganadería y pesca) y la diversificación de las fuentes de creación de riqueza (proyectos productivos, incluidas pequeñas industrias, de las PyMEs), estaban alineados con los del malogrado Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social “GE HORIZONTE 2020”.

De hecho, y tal vez sin proponerlo, el cierre del EMF CoFyDes-MiCAJA por el Gobierno ha contribuido proporcionalmente al fracaso que se registra en los logros pretendidos en general por el Plan; y específicamente en las resoluciones (legales) de “promover y favorecer el desarrollo del sector privado nacional, promover y fomentar la creación de instituciones especializadas en la financiación de micro proyectos y el apoyo a la modernización y diversificación del sistema financiero”. Otros objetivos de la Entidad proyectados en su actuación, y muy necesarios en el sistema económico nacional, son la inclusión financiera y la bancarización. Tal vez, también sin proponerlo, el Gobierno con esta medida contribuyera a provocar la grave crisis económica y financiera que actualmente padece el País.

En la coyuntura actual COFYDES-MiCAJA dispone del necesario potencial efectivo, con preacuerdos establecidos, para conseguir de las instituciones financieras africanas, de dentro y de fuera de la subregión, la financiación de los proyectos y las iniciativas del sector privado de las economías de base y las PyMEs.

Muy próximamente tendrá lugar ante la Corte Suprema de Justicia en Malabo, la vista sobre el Recurso Contencioso-administrativo interpuesto contra la repetidamente citada Resolución del Primer Ministro del Gobierno. Se solicita, además de la anulación de la medida de cierre y otras demandas, la correspondiente indemnización por los cuantiosos daños y perjuicios causados a la Entidad, a sus empleados, miembros, accionistas, usuarios y acreedores después de nueve años de gestión y sólo seis meses de funcionamiento. Un Estado de Derecho que se precie, qué menos que conformar en todo momento las actuaciones de las Autoridades a la legalidad vigente en la gestión de los intereses generales, y resarcir de la mejor manera posible a los afectados por actuaciones indebidas que puedan darse por las Autoridades en nombre y representación del Estado.

El desarrollo y resultado de este juicio es esperado con singular expectación por el incipiente empresariado nacional del sector privado, y por el sector financiero e inversor extranjero empezando obviamente por la CEMAC; dado el contexto de inseguridad jurídica que esgrimen los inversores para no atender las continuas invitaciones de las Autoridades en los últimos años. Veamos a ver qué pasa.

Marcos Manuel NDONG O-A., PCA del EMF CoFyDes-MiCAJA.

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